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COMPLIANCE PENAL

¿QUÉ ES?

El compliance penal o programa de cumplimiento de las normas del Código Penal tiene como fin evaluar los riegos penales de las empresas y establecer las medidas preventivas para evitar que se cometan determinados delitos en el seno de la actividad de las empresas. El programa requiere un sistema de seguimiento y control del cumplimiento de las normas y, por otro lado, el establecimiento de un canal de denuncias interno. Asimismo, la empresa deberá procurar información y, en su caso, formación, a los empleados y responsables de las empresas.

ABOGATIO ofrece el asesoramiento y como resultado  el apoyo necesario para la implementación en la empresa del programa de cumplimiento penal.

SERVICIOS INCLUIDOS

 

1.- Redacción de manuales y protocolos corporativos.


Confección de todos los documentos exigidos para un correcto cumplimiento de las normas, tales como los manuales o protocolos corporativos y el régimen disciplinario.

2.- Evaluación de los riesgos penales.


Identificación de todas las actividades que puedan conllevar un riesgo penal y la elaboración de un Mapa de Riesgos donde se determinan los riesgos y el grado de cada uno de ellos.

Determinar las medidas preventivas a implementar y el seguimiento de las mismas.

3.- Comunicaciones.


 

Comunicaciones obligatorias a empleados, responsables y colaboradores de la empresa, con reportes de recepción.

4.- Control del cumplimiento de las medidas.


 

Control periódico del cumplimiento del programa de prevención, emitiendo los correspondientes informes al objeto de advertir los desvíos existentes y las medidas a implementar.

5.- Canal de denuncias.


 

ABOGATIO pone a disposición de la empresa el canal obligatorio de denuncias, a fin de que puedan cursarse conforme a lo establecido legalmente.

6.- Asesoramiento y formación.


 

Asesoramiento a los órganos encargados de la implementación del programa y ofrece cursos de formación para su correcta ejecución.

7.- Plataforma WEB


 

ABOGATIO pone a disposición de la empresa una plataforma web donde podrá disponer de toda la documentación elaborada (protocolos, manuales, Mapa de Riesgos,…) y desde la cual podrá llevar a cabo las acciones oportunas de seguimiento del programa de cumplimiento.

ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué debo tener un compliance penal?

El Código Penal estableció en la reforma del año 2010 la responsabilidad de las personas jurídicas, así pues, ha sido la reforma del citado Texto Legal que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015 la que ha establecido, en su art. 31 bis. Las obligaciones que deben atender las empresas para poder eximirse de dicha responsabilidad. Por tanto el programa de cumplimiento normativo recoge esas obligaciones para poder evitar la responsabilidad penal de las empresas.

Por ello, es conveniente dejar en manos de abogados especialistas el asesoramiento para la implementación del compliance penal.

¿Cuándo una empresa debe responder penalmente?

El art. 31 bis establece que la empresa responderá de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la empresa por sus representantes legales o por aquellas personas relacionadas con la empresa (empleados o colaboradores directos), y por las que obtenga un beneficio directo o indirecto.
Por tanto, el riesgo de las empresas es muy alto, puesto que el delito puede ser cometido por un empleado o un colaborador directo y que el autor no haya sido identificado; a pesar de ello la empresa sigue siendo responsable penal.
La responsabilidad penal de la empresa no exime de la responsabilidad personal del autor del delito.

¿Cuánto cuesta implementar un compliance penal en mi empresa?

ABOGATIO, fruto de su experiencia en el ámbito de la empresa y del Derecho Penal, ha confeccionado una metodología de trabajo que facilita el acceso de las microymes y pymes a un servicio de calidad, prestado por abogados especialistas, sin que ello suponga pagar excesivos honorarios.

¿Qué penas se pueden imponer a las empresas?

Las penas aplicables a las Personas Jurídicas son las siguien­tes:

  • Multa por cuotas o proporcional
  • Disolución de la Persona Jurídica. La disolución produ­cirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico mercantil, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea licita.
  • Suspensión de sus actividades por un plazo que no po­drá exceder de 5 años.
  • Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de 5 años.
  • Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubier­to el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o defi­nitiva. Si fuese temporal, el plazo no podrá exceder de 15 años.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas pú­blicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad So­cial, por un plazo que no podrá exceder de 15 años.
  • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de 5 años. La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unida­des de negocio.
  • Estas penas se impondrían a las empresas aparte de las que se les impusieran a las personas físicas responsables.

¿Qué empresas deben tener un compliance penal?

Todas las empresas tienen las mismas obligaciones con respecto al Código Penal, es decir, no sólo las grandes empresas se ven afectadas, pues las pymes y las micropymes están igualmente expuestas a cometer los mismos delitos que las grandes.

¿Cómo una empresa se puede eximir de responsabilidad penal?

El Código Penal obliga a la empresa a que implemente un modelo de Organización y Gestión adecuado que permita la prevención de los delitos, es decir, un compliance penal adecuado, para poder eximirse de responsabilidad penal.

¿De qué delitos responde penalmente una empresa?

Los delitos más comunes que pueden cometerse son:

  • Delito contra la intimidad y allanamiento informático.
  • Estafas propias e impropias.
  • Insolvencias punibles. Alzamientos y concursos punibles.
  • Delitos relativos al mercado y los consumidores.
  • Blanqueo de capitales.
  • Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
  • Cohecho y tráfico de influencias.
  • Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
  • Aquellos delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
  • Los delitos que se pueden cometer según la actividad son:
  • Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
  • Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.
  • Contra los recursos naturales y el medio ambiente.
  • Delitos informáticos y hacking.
  • Contra la salud pública.
  • Delitos relativos a la energía nuclear y las radiaciones inonizantes.
  • Aquellos relacionados con el riesgo provocado por explosivos y otros agentes.
  • Delitos de falsificación de moneda y efectos timbrados.
  • De falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viajes.
  • Trafico de drogas.
  • Delitos de tráfico ilegal de órganos.
  • Trata de seres humanos.
  • Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores.
  • También delitos por financiación ilegal de los partidos políticos.
  • Delitos de terrorismo.

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